La lista de Castilla-La Mancha

Miguel Lucas Picazo

(Colectivo Tersites)

En la película La lista de Schindler, el personaje más sabio y astuto es el contable judío Itzhak Stern que fue capaz de transformar las simples hojas de cálculo contable en salvoconductos para la vida y evitar así el exterminio al que estaban abocados cientos de judíos al ser categorizados como “trabajadores esenciales”. La contabilidad es una disciplina para la gestión económica que en sí misma es bastante neutra y aparentemente  objetiva pero que algunos políticos y sus medios de comunicación la están convertido en una especie de tablas de la ley  resumidas en el primer mandamiento de “amarás el déficit cero sobre todas las cosas”. Con tanta fuerza ha impactado la ciencia contable en los últimos meses que hasta en el texto constitucional, nuestra biblia laica, se cuantifica el máximo de pecado presupuestario al que pueden llegar los gobernantes y, sobre todo, se venera la honra del estado  pagador de la deuda, aunque falte para pipas. Poco hemos aprendido de la filosofía del contable Stern para el que detrás de cada registro había seres humanos con situaciones merecedoras del calificativo “trabajador esencial”, lo cual suponía evitar la cámara de gas. Para regiones como la nuestra, Castilla-La Mancha, gobernar con la mira puesta en la cuadratura presupuestaria significa a corto y medio plazo recortar una serie de  logros que estaban ubicando a la ciudadanía manchega en los umbrales del bienestar.

No se trata de legitimar todas las políticas y el abuso de poder de tantos años de gestión del grupo político socialista, sino de mantener ese listado del bienestar, gobierne quien gobierne, ya que se trata de derechos irrenunciables, como es el caso de la educación de calidad, de la atención a la salud, a la vivienda, a los asuntos sociales, la jubilación o, por encima de todos, el derecho a un trabajo y remuneración dignos. Es cierto que la Junta de Comunidades ha supuesto un escalón más en el embrollo de las administraciones compartidas de nuestro modelo político, pero también es cierto que gracias a ello una población que nunca había tenido nada, ha podido disfrutar de derechos o situaciones imposibles de imaginar hace tan solo unos años y que ahora vamos a perder.

Se nos está apabullando con cifras calificadas de astronómicas en relación a la deuda regional, cuando en realidad se trata de cantidades totales nimias  si lo comparamos con la deuda de otras regiones o con el total del Estado. Por nuestra deuda no se va a caer el castillo de naipes en el que está inmersa la economía europea.

Castilla-La Mancha es un territorio con predominio de zonas rurales que han sufrido las consecuencias de una industrialización que primó a las periferias y que nos llevó a la despoblación, al envejecimiento y a la carencia de servicios e infraestructuras. Salir de esta situación solo se puede hacer primando la inversión y gastando lo necesario en las partidas consideradas sociales. Si por ley se limita este modelo de desarrollo, que es lo que se ha aprobado con la reforma constitucional, por ley estamos decretando la desaparición de Castilla-La Mancha y de otras regiones de similares características. El Partido Socialista y el Partido Popular han consensuado, por una vía ajena a  la democracia, la negación del único sistema contable beneficioso para las regiones más pobres y que, a su vez, venía siendo el modelo económico de la socialdemocracia europea.

Si las políticas de ajuste anunciadas a bombo y platillo en Castilla-La Mancha se llevan a cabo habrá que ir pensando en un Schindler y Stern para la región que consiga poner a buen recaudo “los derechos esenciales” porque van directos al horno crematorio. Lo que ha pasado con la educación es solo un avance de lo que estar por llegar en sanidad, en bienestar social y qué decir de la cultura. Estamos hablando, para una región que no tiene otra cosa, de la pérdida de miles de puestos de trabajo y, lo peor de todo, de la negación para las generaciones venideras de un futuro insertado en sus lugares de nacimiento. Un segundo éxodo rural, que esta vez también será urbano, es lo que nos espera si no somos capaces de poner freno a las políticas de contabilidad cero, las haga quien las haga.