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| El Estado a precio de saldo |
En conversaciones coloquiales solemos cometer un desliz retórico cuando en referencia al Estado limitamos su extensión a tan solo la administración central o al gobierno de la nación, como si las regiones, las provincias o los municipios no fueran también Estado. Se equivocan, o quizás no porque lo hacen muy a sabiendas, cuando en muchos medios de comunicación, ante la reforma aprobada estos días sobre las entidades locales, comentan que muchas de las competencias municipales las ejercerá ahora el Estado ¡Cómo si un ayuntamiento o una diputación no fuera Estado! Y es que el lenguaje, como todo, no es neutral y en este caso la supuesta sinécdoque de sustituir el todo por una parte lo que busca es minar el discurso constitucional inmerso en todo el título VIII de la Constitución.
Desde que el Partido Popular ganara las últimas elecciones, o quizás desde mucho antes, las administraciones y gobiernos locales y regionales -la provincial menos- aparecen como las grandes despilfarradoras y las causantes de la quiebra del Estado; por lo tanto, en la lógica neoliberal lo mejor sería aniquilarlas cuanto antes. El último Consejo de Ministros del mes de julio pasará a la historia como el día en que se firmó el acta de defunción del espíritu del municipalismo español que nació en 1808 cuando los pueblos y sus alcaldes, como el de Móstoles, sustituyeron la vergonzosa soberanía real por la popular, ejerciéndola eficazmente contra el invasor francés. Desde entonces hasta ahora, y así se demuestra si realizamos un breve recorrido por la historia española de los siglos XIX y XX, las fuerzas conservadoras han impedido que el poder de lo local quede en manos del pueblo. Esta ley, recién aprobada, nos retrotrae al constitucionalismo de 1845, 1876 y a la legislación franquista del tercio municipal que reducían la organización territorial local al capricho folclórico o a la nada.
Bajo ese nombre tan rimbombante, eufemístico y mentiroso de “Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local”, por de pronto y de una tacada, desaparecerán cerca de cien mil empleos locales dedicados al bienestar de los ciudadanos y a la prestación de servicios tan necesarios como los de atención a la tercera edad, escuelas infantiles, ayuda a domicilio o comedores escolares, que se verán tan constreñidos que acabarán desapareciendo en su totalidad. Si a ello le unimos la legislación de algunas autonomías, como la de Castilla-La Mancha que se ha automutilado su propia soberanía, el panorama del título VIII de la Constitución no puede ser más desolador.
La niña bonita de nuestra Carta Magna, puesta en muchos foros como ejemplo a seguir y paradigma de la descentralización del estado, está recibiendo tantos ataques sin respuesta de sus otrora defensores que será muy difícil su continuidad. ¡Quizás sea ya el momento de plantar cara con el obús del federalismo!
A pesar de que entre ciertos sectores de la población ha calado el discurso anti-autonómico y anti-local fundamentado en falsedades expiatorias y en la generalización de algunas prácticas, que efectivamente han sido perversas, el “localismo” en España constituye una seña de identidad tan arraigada que por mucho que quieran los neoliberales del PP, será imposible de erradicar. Los diseñadores de la nueva política local que pretenden fundir ayuntamientos como si de queso se tratase, no comprenden -y no me extraña porque son unos zafios- lo que significa para un ciudadano “ser” de uno de los más de ocho mil pueblos que hay en estos momentos en España. El verdadero negocio de esta nueva ley de menos estado, al intentar suprimir, fundir o reducir los gobiernos locales y regionales, no es otro que engordar el otro Estado central para terminar privatizándolo o aniquilándolo. Y no hay otra.
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